Ley de Enjuiciamiento Criminal que entra en vigor hoy establece plazos máximos para la instrucción de los sumarios (seis meses para las causas ordinarias, 18 para las macrocausas) y destierra el término "imputado" en favor del eufemístico "investigado". Estas son las novedades más sonadas y polémicas del nuevo texto legal, pero en tiempos de hackers, ciberguerras y restricción de las libertades su pretexto de la seguridad nacional, también incorpora otras, más desapercibidas, que comprometen el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. La ley, una actualización de la original de 1882, da cobertura legal a interceptaciones de las comunicaciones electrónicas de todo tipo y sea cual sea el dispositivo que se use: teléfonos, ordenadores, sistemas de almacenamiento de datos... Para que un juez pueda autorizar intervenirlas, deberán darse cualquiera de estos tres requisitos: que el delito que se investiga conlleve más de tres años de prisión, que lo cometa un grupo u organización criminal, o que esté relacionado con el terrorismo.]]>